La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) expresó su preocupación por la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) relacionada con el libro “Todo a la luz”, de Karla de la Cuesta, publicado por Penguin Random House bajo el sello Grijalbo.
El posicionamiento surgió después de que el IMPI determinara que el uso del nombre o el retrato de figuras públicas puede ser ilícito incluso cuando aparece en obras periodísticas, informativas o de denuncia. El procedimiento está vinculado con la utilización del nombre y fotografías de Gloria Trevi en la publicación.
La CANIEM señaló que su principal inquietud es que la resolución no haya analizado de manera integral las defensas de la editorial ni las disposiciones que establecen excepciones cuando el uso de una imagen tiene fines informativos o periodísticos.
El caso llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Penguin Random House presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la resolución del IMPI, emitida el 27 de julio de 2026. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la determinación contempla una multa superior a medio millón de pesos y sanciones económicas adicionales si la editorial mantiene la distribución del libro en las condiciones señaladas.
La editorial sostiene que el libro reúne una investigación de Karla de la Cuesta sobre el expediente judicial del caso Trevi-Andrade y que el nombre de Gloria Trevi aparece por su relevancia dentro del tema abordado. También argumenta que las fotografías utilizadas fueron publicadas previamente por medios de comunicación.
En septiembre de 2026, Gloria Trevi confirmó públicamente que obtuvo una resolución favorable ante el IMPI por el uso de fotografías suyas en la obra, aunque señaló que no quería presentar el resultado como una victoria personal.
Editores advierten incertidumbre jurídica
La cámara editorial afirmó que la industria mexicana tiene como bases la libertad de expresión, la libertad de creación, el derecho a opinar y el derecho de la sociedad a recibir información. Por ello, consideró que restringir esas libertades no afectaría únicamente a autores y editoriales, sino también al público lector.
El organismo también advirtió que el criterio aplicado en el caso podría generar inseguridad jurídica para futuros proyectos de investigación, periodismo, opinión, biografía e historia. A su juicio, las implicaciones de la resolución podrían trascender el conflicto específico entre la cantante y la editorial.
La CANIEM pidió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisar el caso con apego a la legislación aplicable, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La resolución definitiva del tribunal determinará el alcance jurídico del criterio adoptado por el IMPI.
