La Corte Suprema de Justicia de Colombia, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes adelantan actuaciones para esclarecer denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales que involucran al expresidente Gustavo Petro. La denunciante, Deicy Jiménez, sostiene que esas prácticas ocurrieron durante el periodo en que Petro fue congresista y también durante su presidencia; él rechaza las acusaciones.

Las autoridades deben determinar qué hechos podrían tener relevancia penal y qué entidad es competente para investigarlos. La Corte Suprema revisaría los señalamientos vinculados con la etapa en que Petro fue congresista, mientras que los hechos atribuidos a su presidencia corresponderían a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara; la Fiscalía también participa en las diligencias. Las actuaciones se mantienen bajo reserva.

La denuncia y las actuaciones conocidas

Jiménez afirmó que ella y otras mujeres habrían recibido contratos estatales en relación con encuentros sexuales. La Corte ordenó recabar información sobre contratos que ella habría tenido en el Congreso. Por separado, la Fiscalía realiza diligencias relacionadas con la denuncia y con elementos que la denunciante ofreció para su revisión.

La publicación de un video en redes sociales también forma parte de la controversia pública. Sin embargo, la existencia de las denuncias y de actuaciones judiciales no determina por sí misma que los hechos señalados hayan ocurrido: corresponde a las autoridades valorar las pruebas y establecer si hubo responsabilidades.

Petro niega las acusaciones

El expresidente afirmó que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores y dijo que responderá ante la justicia. También sostuvo que las denuncias forman parte de un plan de sus detractores políticos. Sus hijas pidieron que no se revictimice a la denunciante y expresaron confianza en que su padre comparecerá ante las autoridades.

La investigación busca esclarecer los señalamientos y determinar si existe alguna conducta con relevancia penal. Hasta que las autoridades se pronuncien, las acusaciones deben tratarse como denuncias pendientes de verificación.