Representantes del sector empresarial, especialistas en comercio exterior y agentes aduanales expresaron su rechazo a diversos aspectos de la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera durante una mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, realizada el 22 de septiembre de 2026.

Los participantes advirtieron que la propuesta podría saturar las aduanas, generar retrasos en el ingreso de mercancías, reducir la liquidez de las empresas y provocar interrupciones en líneas de producción. La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas que el Congreso analiza para 2027.

Advierten afectaciones para importadores

Virgilio Antonio Vallejo, representante de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, consideró que la propuesta se aparta de acuerdos internacionales suscritos por México. También señaló que el embargo precautorio y el depósito de diferencias financieras podrían afectar a importadores que operan de buena fe y aumentar la carga de los procesos de impugnación.

Zurisadai Cruz, representante de Tec MEx For-t, explicó que actualmente un análisis de valor puede tardar poco más de una semana. A su juicio, someter a todos los importadores a revisiones de oficio provocaría retrasos logísticos y mayores costos financieros para los contribuyentes.

Los costos diarios por transporte marítimo y terrestre pueden oscilar entre 4 mil y 14 mil pesos por unidad y por aduana, mientras que las demoras por el uso extendido de contenedores pueden alcanzar entre 130 mil y 270 mil pesos diarios, expuso Cruz.

Georgina Noricumbo, de Solución Integral al Comercio Exterior, afirmó que la propuesta permitiría embargar mercancías ante diferencias de valor, incluso cuando fueran mínimas. Advirtió que las pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar dificultades para realizar depósitos recurrentes y optar por trasladar sus operaciones fuera de México.

Industria automotriz pide considerar su complejidad

Gilda López Varela, directora de Aduanas y Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pidió evitar un tratamiento uniforme para todas las importaciones del sector. Explicó que el valor de piezas con funciones o apariencia similares puede variar por sus especificaciones técnicas, volumen, descuentos y contratos de largo plazo.

La representante de la industria automotriz señaló que un embargo por diferencias de precio podría retrasar el ingreso de componentes y afectar las líneas de producción, así como la entrega de vehículos a distribuidores autorizados.

Sector de bebidas respalda mayores controles

La industria de vinos y licores manifestó una posición distinta y respaldó el fortalecimiento de los controles fiscales para combatir el mercado informal. Panambi Garcés, directora de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores de México, sostuvo que las medidas podrían dar mayor certeza a la autoridad y a los importadores que cumplen con la ley.

Garcés afirmó que alrededor de cuatro de cada 10 botellas de destilados se encuentran en la informalidad y consideró que una mayor vigilancia ayudaría a detectar prácticas de subvaluación y evitar ventajas para quienes declaran valores artificialmente bajos.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi, representante de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, indicó que en las aduanas se han reportado 2 mil 541 operaciones fraudulentas por un monto de mil 586 millones de pesos. Por ello, respaldó la incorporación de controles adicionales y afirmó que mecanismos similares se aplican en Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.

Especialista plantea una visión de política industrial

Samuel Ortíz Velázquez, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la reforma debe acompañarse de una estrategia más amplia de desarrollo productivo.

Entre sus propuestas mencionó un programa nacional de desarrollo de proveedores, la creación de una Agencia Nacional de Desarrollo Industrial, la incorporación de requisitos de desempeño y el fortalecimiento del financiamiento estratégico. El objetivo, señaló, sería que la Ley Aduanera contribuya no solo a la recaudación y al control, sino también al crecimiento de los encadenamientos productivos y del contenido nacional.

La Comisión de Hacienda mantiene en análisis la iniciativa dentro de los trabajos del paquete económico para 2027. Las observaciones de los sectores participantes deberán ser consideradas antes de que se defina el dictamen correspondiente.