Algunos propietarios podrían mantener sus contratos de arrendamiento fuera del registro para evitar trámites, obligaciones fiscales y límites a los aumentos de renta contemplados en la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, advirtió José Eduardo Beristain Martínez, vocero de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México.

La propuesta, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se encuentra en discusión en el Congreso capitalino. El señalamiento de Beristain apunta a un posible efecto de la regulación: que algunos arrendadores prefieran operar en la informalidad y asumir el riesgo de sanciones antes que sujetarse a las nuevas disposiciones.

Entre las medidas referidas por el especialista está limitar los incrementos anuales de las rentas conforme a la inflación reportada por el Inegi. Beristain señaló que, ante ese límite, algunos propietarios podrían optar por no registrar los contratos, en vez de ajustar las rentas según la inflación.

De acuerdo con su explicación, los arrendadores tendrían 30 días después de la firma para registrar digitalmente el contrato. También mencionó multas de 25 a 51 Unidades de Medida y Actualización por no entregar al inquilino una copia del contrato, así como sanciones equivalentes a entre uno y tres meses de renta por no registrarlo.

El especialista pidió que la iniciativa detalle qué sanciones corresponderían a propietarios e inquilinos en cada circunstancia, para reducir la incertidumbre sobre las obligaciones de ambas partes. La legislación continúa en análisis y sus disposiciones son parte de una propuesta, no de una ley ya aprobada.

La iniciativa sigue en discusión

El Congreso capitalino ha organizado mesas de diálogo para discutir los alcances de la propuesta. En una de ellas se abordaron las dificultades de jóvenes para independizarse, los requisitos para acceder a una vivienda y las medidas que podrían dar mayor estabilidad a quienes rentan.

La advertencia sobre un posible mercado informal forma parte del debate sobre cómo regular los arrendamientos y proteger la certeza jurídica de inquilinos y propietarios. El alcance de las obligaciones y sanciones dependerá de lo que finalmente apruebe el Congreso.