Rafael Martínez Puón, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) facilita que dependencias públicas oculten o reserven declaraciones patrimoniales de servidores públicos.
En una entrevista publicada el 22 de septiembre de 2026, sostuvo que los comités de transparencia han aprobado criterios inferiores a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades y que el argumento de seguridad ya no justificaría reservar información patrimonial en casos como los de titulares de Infonavit, Birmex y la Secretaría de Marina.
Martínez Puón también señaló que la desaparición del INAI ha provocado confusión entre los ciudadanos sobre la autoridad responsable de atender solicitudes de información y resolver inconformidades. Según los datos presentados por el Comité de Participación Ciudadana, 45% de las instituciones públicas federales habría rectificado después de una queja ciudadana.
El integrante del Sistema Nacional Anticorrupción contrastó esa cifra con el desempeño que atribuía al INAI, institución que, de acuerdo con sus declaraciones, conseguía que más de 90% de las dependencias corrigieran respuestas o cumplieran obligaciones de transparencia, aun cuando no contaba con facultades sancionadoras reales.
Debate sobre la transparencia proactiva
La Plataforma Nacional de Transparencia quedó bajo la responsabilidad de Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El gobierno federal ha informado que esta institución dará seguimiento a la publicación de información de interés público sobre contrataciones, convenios, fiscalización y estados financieros.
El 4 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia gubernamental. El documento plantea establecer lineamientos específicos para definir qué información debe hacerse pública y prevé reportes periódicos sobre contrataciones públicas.
Martínez Puón expresó escepticismo sobre los resultados del decreto y planteó que su eficacia deberá medirse en los próximos meses, especialmente en la publicación de información y en la revisión de casos donde se invoque la seguridad nacional para reservar datos.
Además, pidió que una eventual reforma al Sistema Nacional Anticorrupción mantenga la participación ciudadana. Afirmó que existen vacantes sin cubrir en el Comité de Participación Ciudadana y que la representación social no debe quedar fuera de los mecanismos de rendición de cuentas.
