El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, impulsa una iniciativa para fortalecer la trazabilidad, supervisión y coordinación institucional contra el huachicol, a partir de las distintas versiones sobre los acontecimientos registrados en una planta almacenadora de San José Iturbide, Guanajuato.
La propuesta busca que las autoridades puedan detectar con mayor rapidez las anomalías en la cadena de suministro de hidrocarburos, desde su ingreso y almacenamiento hasta la distribución y venta. El planteamiento también contempla medidas para identificar la ruta del dinero generado por la comercialización ilegal de combustibles.
Controles volumétricos y alertas entre autoridades
Uno de los ejes de la iniciativa son los controles volumétricos, que permiten comparar las cantidades de combustible recibidas, entregadas y almacenadas por una empresa. La propuesta considera relevante una discrepancia superior a 1.5 por ciento en hidrocarburos o petrolíferos líquidos y a 3 por ciento en productos gaseosos, después de descontar las mermas técnicas certificadas.
El proyecto plantea que los permisionarios reporten las discrepancias relevantes dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su detección. En determinados casos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría un plazo máximo de 48 horas hábiles para presentar una querella y notificar a la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El objetivo es que una señal de alerta detectada por una autoridad active de manera coordinada la revisión fiscal, las medidas preventivas en materia energética, la investigación ministerial y el análisis financiero correspondiente.
Nuevas sanciones y combate al huachicol de barril
La iniciativa también propone crear un delito específico para las discrepancias volumétricas injustificadas dentro de empresas reguladas, cuando la diferencia entre el combustible recibido, entregado y existente no pueda acreditarse con CFDI, pedimentos aduanales u otra documentación reconocida por la ley.
De manera adicional, plantea sancionar la comercialización, suministro, oferta o venta de hidrocarburos en vías públicas, carreteras, baldíos, domicilios particulares u otros sitios distintos de los establecimientos autorizados cuando no se compruebe legalmente la procedencia del producto. Esta modalidad es identificada en la propuesta como “huachicol de barril”.
Aseguramiento y extinción de dominio
Otro componente consiste en fortalecer los mecanismos de aseguramiento y extinción de dominio relacionados con los delitos de hidrocarburos. La propuesta incluye vehículos, equipos de almacenamiento y expendio, instalaciones utilizadas para estas actividades y recursos financieros vinculados con ellas, con la obligación de preservar los derechos de propietarios y terceros de buena fe.
Asimismo, se plantea que los jueces resuelvan en un plazo máximo de 48 horas las solicitudes de medidas cautelares formuladas por el Ministerio Público en estos casos.
Ramírez Cuéllar sostiene que el combate al huachicol debe apoyarse en tecnología, reglas claras y coordinación entre instituciones. La iniciativa busca complementar las capacidades existentes para proteger los ingresos públicos, la seguridad energética y la legalidad en el mercado de combustibles.
