La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible realizado el 17 de septiembre en San José Iturbide, Guanajuato, luego de que Grupo Simsa afirmó que la operación de su terminal de almacenamiento es lícita y verificable.

El cateo se llevó a cabo en la comunidad de La Fragua, donde autoridades federales y estatales aseguraron diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación. El hidrocarburo presentaba características de diésel, gasolina regular y gasolina premium.

Durante una conferencia, Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR explicar si había alguna actividad ilegal, cuál fue el motivo del aseguramiento y qué elementos llevaron a intervenir el inmueble. También indicó que el operativo fue realizado por la delegación de la Fiscalía en Guanajuato.

La Fiscalía informó posteriormente que las empresas relacionadas aún no habían acreditado de manera completa la legalidad del origen, manejo y destino de la totalidad del combustible localizado. Por la complejidad del caso, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La indagatoria busca establecer la propiedad del hidrocarburo, su procedencia, la forma en que era operado y su trazabilidad financiera y fiscal. La autoridad también realiza análisis documentales y entrevistas con directivos vinculados con la terminal.

Grupo Simsa, mediante Gas Natural del Noroeste, sostuvo que la terminal cuenta con permisos y autorizaciones para almacenar petrolíferos. La empresa afirmó que opera bajo un permiso de almacenamiento con vigencia de 30 años y que los productos son propiedad de empresas usuarias.

El caso se originó a partir de una investigación iniciada en julio, después del aseguramiento de una pipa con combustible en San Luis de la Paz. A partir de esas diligencias se realizaron cateos en otros inmuebles de Guanajuato antes de llegar a la terminal de San José Iturbide.

Hasta el 21 de septiembre de 2026, la investigación continúa abierta y no se ha establecido públicamente la responsabilidad penal de alguna persona o empresa. La FGR deberá determinar si el combustible tenía un origen legal y si existieron delitos relacionados con su almacenamiento, distribución, contrabando o manejo fiscal.