La inversión pública federal destinada a prevenir y proteger contra inundaciones cayó 45% durante 2025, al pasar a mil 627 millones de pesos, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno. Se trata del segundo recorte consecutivo y del nivel más bajo registrado desde 2021.
La reducción ocurre mientras México enfrenta una mayor presión por lluvias intensas, desbordamientos y daños asociados a una infraestructura hidráulica insuficiente. El gasto preventivo contempla obras como canales de desagüe, sistemas de alcantarillado, túneles emisores, bordos y trabajos para mejorar la conducción de los cauces.
Recorte frente al ejercicio de 2024
El monto ejercido en 2025 representó una disminución de 45% respecto a 2024. La cifra también confirma una tendencia descendente en los recursos destinados a obras que buscan reducir el riesgo antes de que ocurran inundaciones y otros fenómenos relacionados con el exceso de agua.
La prevención requiere inversiones de largo plazo para ampliar redes de drenaje, conectar sistemas de alcantarillado con túneles emisores, desazolvar cauces y reforzar la infraestructura existente. Cuando estas obras se posponen, aumentan los riesgos para viviendas, vialidades, servicios públicos y zonas productivas.
Presiones presupuestales
El ajuste se da en un contexto de fuertes presiones financieras para el Gobierno federal, que también ha incrementado el gasto social y mantiene compromisos de inversión en otros proyectos de infraestructura. Para 2027, los programas sociales contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación superarían un billón de pesos.
La discusión presupuestal coloca nuevamente la prevención de inundaciones frente a la atención de emergencias. Mientras las obras preventivas suelen requerir varios años de planeación y ejecución, los daños ocasionados por inundaciones demandan recursos inmediatos para reparar infraestructura y apoyar a la población afectada.
Riesgos para la población
La reducción de recursos puede traducirse en retrasos para obras de protección, mantenimiento insuficiente de drenajes y una menor capacidad para atender zonas vulnerables. Entre las consecuencias señaladas se encuentran inundaciones, desbordamientos, socavones, pérdidas patrimoniales y daños a la infraestructura urbana.
Especialistas en infraestructura han planteado la necesidad de establecer planes que rebasen los periodos sexenales y permitan ordenar las inversiones con base en las necesidades de cada región. También han advertido que corregir los daños después de una emergencia puede resultar más costoso que financiar medidas de prevención.
El reto para las autoridades consiste en sostener una política de inversión preventiva que atienda la vulnerabilidad acumulada y considere el impacto de fenómenos hidrometeorológicos cada vez más intensos. Sin una estrategia de largo plazo, las obras insuficientes seguirán elevando el costo social y económico de las inundaciones.
