La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó más de 67 mil 200 detenciones relacionadas con delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026. En paralelo, los registros del sistema penitenciario nacional muestran que la población privada de la libertad aumentó en 37 mil 934 personas entre el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum y el 31 de julio de 2026.

La cifra de detenciones fue presentada el 8 de septiembre por el Gabinete de Seguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. El gobierno federal también informó aseguramientos de armas y drogas, así como acciones contra grupos vinculados con homicidio, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Sin embargo, la SSPC precisó que el acumulado de personas detenidas no puede compararse directamente con el crecimiento neto de la población penitenciaria. La puesta a disposición corresponde al Ministerio Público, mientras que la autoridad judicial determina la situación jurídica de cada persona y, en su caso, la medida cautelar aplicable.

Aumento de la población penitenciaria

De acuerdo con las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, el 1 de octubre de 2024 había 234 mil 514 personas privadas de la libertad en cárceles federales y locales del país. Para el 31 de julio de 2026, el registro ascendió a 272 mil 448 personas.

La diferencia entre ambos cortes representa un aumento neto de 37 mil 934 personas. El cuaderno estadístico penitenciario señala que sus cifras corresponden al corte mensual más reciente y pueden modificarse por ajustes o determinaciones de autoridades judiciales, ministeriales y administrativas.

La SSPC indicó que mantiene coordinación con las autoridades penitenciarias estatales para realizar traslados cuando jurídicamente corresponde, con el objetivo de mejorar la distribución de la población penitenciaria y atender criterios de seguridad, gobernabilidad y disponibilidad de espacios.

Especialistas advierten riesgos de sobrepoblación

Especialistas consultados señalaron que el crecimiento de la población penitenciaria debe analizarse considerando tanto los ingresos como los egresos de los centros de reclusión. También advirtieron que el aumento puede intensificar problemas de sobrepoblación, hacinamiento y violencia dentro de los penales.

Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó que el crecimiento carcelario está relacionado con el cambio en la estrategia de seguridad y con el uso de la prisión preventiva. A su juicio, el incremento de personas encarceladas requiere fortalecer la capacidad penitenciaria y resolver los procesos judiciales pendientes.

José Luis Gutiérrez Román, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, sostuvo que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, debido a que afecta la libertad de personas que todavía no cuentan con una sentencia condenatoria. También consideró necesaria una política de despresurización penitenciaria que comience antes del ingreso a prisión.

Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz, alertó que el aumento de la población penitenciaria puede agravar la escasez de servicios, el hacinamiento y la violencia cotidiana en los centros de reclusión, especialmente entre quienes permanecen en prisión preventiva o enfrentan acusaciones por delitos menores.

Indicadores que requieren una lectura diferenciada

Las cifras oficiales muestran dos fenómenos que deben analizarse por separado: el número acumulado de detenciones realizadas por las instituciones de seguridad y el saldo de personas que permanecen privadas de la libertad en un momento determinado. La diferencia entre ambos registros puede incluir ingresos y egresos, cambios en la situación jurídica, liberaciones, traslados y otras resoluciones judiciales.

Por ello, el aumento neto de 37 mil 934 personas en la población penitenciaria no significa que todas las personas detenidas por delitos de alto impacto hayan ingresado o permanezcan en prisión. La SSPC sostiene que corresponde a las fiscalías y a los jueces resolver cada caso conforme a la investigación y al proceso judicial correspondiente.